La delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) sigue considerando insuficiente la información que Uruguay le proporciona para habilitar el dragado a 14 metros del canal de acceso al Puerto de Montevideo. El proyecto ejecutivo fue presentado por la delegación uruguaya en noviembre del año pasado, en enero llegó la respuesta argentina, fue un escrito firmado por el embajador Diego Tetamanti con 29 preguntas. Desde entonces hubo tres intercambios en los que Argentina sigue solicitando información del proyecto. La última fue el 2 de agosto, donde los argentinos volvieron a solicitar más información, ya que consideran incompletas 13 de las 29 solicitudes de información iniciales.

Según dijo Etchebarne en No toquen nada, el Estado uruguayo envió a su contraparte argentina más información de la requerida en el tratado que regula el manejo del estuario entre ambos países. Esto facilita la estrategia argentina de dilatar la obra del dragado, que mejoraría la oferta del Puerto de Montevideo, en medio de la competencia comercial histórica entre ambas terminales.

“Argentina no va a ceder fácilmente”, afirmó Etchebarne en una entrevista con No toquen nada. Es que el Puerto de Montevideo le quitó la mayoría de los trasbordos a su competidor porteño, como antes había sucedido a la inversa.

“No es lo mismo tener los trasbordos con un puerto con un canal de acceso a 13 que a 14 metros porque te entran barcos más grandes. Entonces, Argentina no va a ceder tan fácilmente aunque haya un cambio de gobierno y tengamos una relación más amistosa.¿Por qué? Porque hay un tema de competencia comercial que subyace y porque Argentina va a hacer lo suyo para recuperar los trasbordos”, explicó la abogada, máster en Logística y Gestión Portuaria. 

Pero más allá de esta competencia comercial, hubo errores uruguayos que facilitaron esta estrategia argentina.

“Lo primero que hay que admitir es que se cometieron errores administrativos, técnicos y diplomáticos”, afirmó Etchebarne.

Uruguay envió información técnica “superabundante” que no está requerida por el Tratado del Río de la Plata. Un ejemplo es el estudio de impacto ambiental del dragado. Además, esa información fue incompleta. Entonces, Argentina no solo recibe información que no tenía el derecho de reclamar sino que puede pedir ampliaciones sobre esos estudios, dilatando el diferendo. 

“Estamos mandando información de más y estamos respondiendo sobre esa información”, dijo la presidenta de la Liga Marítima.

Para ella la solución sería recurrir al Derecho Internacional Público para interpretar el texto del tratado.

“¿Cuál es la salida a todo esto? ¿Dar por terminada la situación y dragar igual? Cuidado. Cuidado porque cuando tuvimos que salir a defendernos en el ámbito internacional con el episodio de Botnia, nos fue bien pero el Estado uruguayo gastó varias decenas de millones de dólares en abogados”, afirmó. 

Según Etchebarne habría que darle intervención a quien negoció el Tratado del Río de la Plata en la década de los 70, el doctor Edison González Lapeyre.

“Acá lo que hay es un problema jurídico, de interpretación, para mí deberían estar consultando a quien negoció, trabajó, está vigente todavía, tiene prestigio internacional, sabe cómo encontrarle la vuelta a esta situación y parar este laberinto técnico en el que se ha metido el Estado uruguayo”, opinó.