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Estos hechos son posibles violaciones a la ley de financiamiento pero debería ser la Corte Electoral la que lo dijera. Por eso el condicional. Sin embargo, la CE no tiene ni recursos ni voluntad política alguna para hacerlo. 

La que viene será la cuarta campaña electoral sin control del financiamiento. O sea que, el financiamiento de los partidos políticos seguirá siendo opaco.

Entre las prohibiciones que establece la ley de 2009, en el artículo 45, establece: 

• Contribuciones o donaciones anónimas, con excepción de aquellas que no superen las 4.000 UI (cuatro mil unidades indexadas). En ningún caso la suma de donaciones anónimas podrá exceder el 15% (quince por ciento)del total de ingresos declarados en la rendición de cuentas anual.

•  Contribuciones o donaciones de empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas.

• Contribuciones o donaciones de asociaciones profesionales, gremiales, sindicales o laborales de cualquier tipo.

Yamandú Orsi

Orsi declaró el mismo monto de ingresos que de egresos: algo más de 14 millones de pesos.

La supuestas violaciones son:

• Colier SA. Esta empresa tiene una concesión de obra pública, ya que es propietaria del 100% de las acciones de Camino a las Sierras S.A, concesionaria de un tramo de la ruta 8. 

• Cámara Uruguaya del Entretenimiento, que nuclea a los propietarios de las máquinas tragamonedas que se encuentran ubicadas en los diferentes comercios de todo el país.

• Saceem SA. Tiene varias “adjudicaciones” de obra pública a través de distintas modalidades de contrato: PPP Corredor Vial 21-24, PPP Educativa II. Además es parte de los consorcios que tienen adjudicado el Ferrocarril Central y recientemente el Proyecto Arazati. 

• Katoen Natie. Este caso es similar al de Obrinel (propiedad del Grupo Christophersen). Tiene una concesión de obra pública, otorgada a través de la Ley de Puertos, no por la ley de concesiones de obra pública. Podría considerarse que Katoen Natie es adjudicataria de Obras Públicas, no lo sabremos porque la Corte Electoral no lo controla.

Orsi tiene una cantidad de donadores que ocupan lugares de relevancia en sectores que conviven con decisiones de gobierno. Esto no es ilegal, pero es interesante repasar los nombres:

• Alejandro Ruibal,director de Saceem

• Leonardo Costa, socio del estudio Brum Costa

• Fernando Pache: presidente de la Cámara de Industrias, presidió la Cámara Industrial de Alimentos (CIALI) entre 2017 y 2020

• Luis Avero, director de Frigorífico Saturno

• Bernardo Coco Leis, presidente de Red Pagos (figuraba con el apodo).

Un punto agregado es la desprolijidad de la declaración. Hay entradas con solo un apellido suelto, apodos y varias personas en un mismo ingreso.

Laura Raffo

La líder de Sumar también habría violado la ley al superar el límite de donaciones anónimas que establece la ley. Además, tiene una cantidad de desprolijidades y zonas grises. 

El aporte privado más importante de su campaña es anónimo (2.3 millones de pesos). Declaró 135 donaciones anónimas de 400 dólares, casi el máximo que establece la ley. 

Esto marca una contradicción con lo que dijo Raffo al ser consultada sobre este tema en DobleClick, de FM DelSol.

Allí dijo que no solo había que “cumplir a rajatabla la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos sino algunas prácticas que son habituales en el sistema financiero que es el origen de los fondos".

"Los fondos ya sean en efectivo, a través de transferencias bancarias, bonos de colaboración, siempre tiene que verificarse el origen. El origen de los fondos implica conocer quién dona, para qué dona, de dónde viene ese dinero. Siempre hay que hacer ese proceso de revisión del origen de los fondos. Es absolutamente necesario, no solamente en la actividad política sino en cualquier actividad que se nutra de recibir dinero. Eso está en la tapa del libro”, afirmó.

Y una posible violación de la norma

La ley prohíbe “las contribuciones o donaciones anónimas, con excepción de aquellas que no superen las 4.000 UI (cuatro mil unidades indexadas). En ningún caso la suma de donaciones anónimas podrá exceder el 15% (quince por ciento) del total de ingresos declarados en la rendición de cuentas anual”.

Las donaciones de 400 dólares no superan el límite de 4000 UI. Tomando los valores de la UI y del dólar de la época: 400 dólares eran 17.000 pesos y 4.000 UI eran 18.800 pesos.

Igual entran en el terreno de lo sospechoso. ¿Quiénes son, son 135 o son 3 que además tienen adjudicaciones en el Estado? No se sabe. 

El tema es la suma de 2.3 millones de pesos. La ley distingue entre dos tipos de financiamiento político. Por un lado, el de campaña, que se enmarca al ciclo electoral y los obligados son los candidatos y las listas. Por otro lado el financiamiento permanente, donde los partidos tienen que presentar rendiciones anuales. 

Las prohibiciones son generales, para toda la ley. Cómo la ley se refiere a que el tope se pone en función al financiamiento anual, tenemos que ir a buscar la rendición de cuentas del Partido Independiente, el partido por el que se postuló Raffo a la Intendencia de Montevideo. Los ingresos son de 7.6 millones, por lo que la declaración de Raffo queda muy por arriba, casi el 30%.

Donaciones en el terreno gris

También donó como persona física Carlos Lecueder, presidente del directorio de Gralado SA, que tiene una concesión de obra pública en la terminal de Tres Cruces. En los últimos días el gobierno decidió extender la concesión de la terminal que terminaba el año que viene hasta 2041.

La empresa Farunel SA donó el máximo permitido (1.3 millones) a la campaña de Raffo. Farunel es “Familia Acompañantes” propiedad de la Asociación Española de Socorros Mutuos. 

Otras empresas que donaron a Raffo son Zonamerica, Montepaz, Grupo Disco, Ta Ta, Barraca Deambrosi, Carrau y Cia, Sevel y Sadar

Carolina Cosse

Lo primero que llama la atención de la rendición de cuentas de Cosse es la diferencia de ingresos que tiene respecto al resto. En la campaña gastó 4.2 millones, para poner como referencia, Orsi gastó 14 y Raffo 24

La declaraciones de ingresos contiene sólo donaciones de los sectores que acompañaron su candidatura: Casa Grande, PVP, PCU, PS, Congreso Frenteamplista (6009)

Declara solo una empresa, Bidaga SA, propiedad de su suplente en el Senado, Silvia Nane según consta en la declaración jurada de la senadora en la JUTEP.

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