Escuchá el informe.

La situación no sorprende. En marzo dos integrantes del Sunca advirtieron en No toquen nada lo que pasaba. 

En un informe presentado al Ministerio de Vivienda por el equipo técnico y las responsables del área de arquitectura del Plan, se detallan los hechos que los llevaron a tomar esta decisión. 

En el informe se hace una cronología detallada que expone el aumento del nivel de violencia territorial, principalmente a partir del mes de julio. También se explica que, de manera paralela, la presencia policial en el territorio disminuyó casi en su totalidad y que eso representa un incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio del Interior. 

Los hechos

Al fundamentar su salida del barrio, el informe enumera los hechos de violencia durante 2023 que los llevan a tomar esa decisión. Entre ellos se destacan especialmente los sucedido en agosto:

5 de agosto - Dos vecinos que caminaban por el barrio murieron al quedar inmersos en un enfrentamiento armado.

12 de agosto - Tres personas con armas largas asaltaron un camión de la Intendencia frente al obrador del Plan Juntos. Uno de los municipales ingresó al predio a pedir refugio porque era perseguido.

23 de agosto - Asesinaron a una mujer y su hijo. El personal se replegó a raíz de este hecho.

26 de agosto - Primero incendiaron una vivienda y luego asesinaron a la mujer que había denunciado ese ataque.  

27 de agosto - Asesinaron a un integrante de las familias que trabajan con el Plan. Esa familia y las dos que residían en casas linderas abandonaron sus domicilios porque estaban amenazadas de muerte. Luego, las viviendas fueron vandalizadas.

El informe registra otros tres asesinatos y la aparición de un cuerpo calcinado.

El Plan estaba en el barrio desde 2016. El año 2022 fue complicado. Durante el segundo semestre hubo seis repliegues de obra. 

En marzo el integrante del SUNCA Santiago Bernaola dijo en No toquen nada explicó que ellos eran parte del barrio al estar trabajando en él. “Hay cientos de familias trabajadoras que están en la misma situación que nosotros que vamos a trabajar ahí y de repente nos encontramos en medio de una balacera constante”, afirmó. 

Bernaola afirmó que el protocolo de seguridad que tienen establece que deben tener un lugar seguro donde acudir ante cualquier situación de ese tipo.

“Eso hoy no pasa. Hoy la vinculación con el Ministerio del Interior la tiene que hacer el Ministerio de Vivienda, nosotros no podemos. En esas situaciones decide el capataz al salir a recorrer en camioneta la zona para ver si están las condiciones dadas para laburar”, señaló.

Bernaola describió que compañeros de ellos han quedado en medio de balaceras, tiroteos frente al obrador, tiroteos constantes donde la propia dirección de obra se tiene que tirar al piso porque no tienen respuestas.

En el momento de la nota la obra se había detenido y Bernaola dijo que era importante para ellos que pudiera continuar pero para eso exigían condiciones “mínimas” de seguridad. 

“Que haya un teléfono donde llamar para que alguien haga la extracción. Imaginate que estás levantando una pared, comienza un tiroteo y no sabés para dónde vas a disparar. Personas trabajadoras, gente que va a buscar los hijos a la escuela (y queda en medio de) luchas internas muy pesadas”, advirtió.

Las obras retornaron en abril luego de varios intercambios desde el Programa con el Ministerio del Interior, con la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Comisaría 17. El Ministerio del Interior se comprometió a darle presencia policial a la zona de las obras en horario de trabajo. 

Pero eso no pasó. 

Al fundamentar su retiro, los técnicos afirman que es un “contexto de riesgo para su integridad física” en el que los trabajadores del Programa “continuaron llevando a cabo sus tareas en un extenso horario, diariamente, pero sin la seguridad mínima necesaria para desarrollarlas”.

PLAN JUNTOS ¿De quiénes hablamos? 

En 2020 se estableció que la población objetivo del Juntos son los “hogares que se encuentran bajo la línea de pobreza de acuerdo a los valores del Instituto Nacional de Estadística y presenten al menos una Necesidad Básica Insatisfecha con Precariedad Habitacional”. 

Para establecer la población abordable por el programa se definen tres indicadores: 

• Línea de Pobreza según ingresos, 

• Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

• Precariedad Habitacional (PH). 

Desde junio del 2022, el equipo trabajaba con once familias y actualmente con una vivienda en ejecución. 

La población total es de 54 familias, con un promedio de cinco miembros cada una. Son 278 participantes en total. Los núcleos más numerosos alcanzan los 11 integrantes y el mínimo es de 2 personas por núcleo.

El informe sostiene que “la presencia en el barrio de grupos asociados al narcotráfico y otros hechos delictivos, han contribuido a enfrentamientos que determinan e inciden directamente en la vida de las familias residentes, así como de las instituciones y organizaciones que intervienen a nivel territorial. Si bien estos enfrentamientos no son permanentes, a lo largo de los años trabajados en Marconi, se identifica que en determinados momentos se activan conflictos por el ‘dominio barrial’ de estos grupos”.

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