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Antel, un concurso en plataforma de Google y una reflexión sobre la soberanía digital

A propósito de un concurso sobre inteligencia artificial, promovido por Antel junto a Google, Bárbara Muracciole llamó la atención sobre los riesgos de atar los desarrollos que se incentivan a tecnologías preexistentes y que el país no controla.


08/07/2024

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La empresa de telecomunicaciones se lanzó junto a Google en el concurso “IA TECH CHALLENGE 2024”. Se buscan soluciones basadas en Inteligencia Artificial para algunos negocios. Las propuestas deben utilizar la plataforma de IA del gigante informático estadounidense.

La columnista de No toquen nada sobre Derecho Informático, Bárbara Muracciole, es abogada especialista en tecnologías de la información y privacidad. Ella destacó que el concurso no promueve “una propuesta tendiente a desarrollar capacidades o infraestructuras propias sino lo que plantea es la utilización de un ambiente tecnológico que ya está predeterminado y desarrollado”.

El concurso se cerró el 25 de junio y los resultados se conocerán a fines de julio. Quienes se hayan presentado debieron ajustar sus desarrollos a una tecnología determinada por Google. No tuvieron opción.

“En algún punto la solución está condicionada a utilizar esa tecnología. Esto sucede constantemente en los ambientes digitales pero lo cierto es que no se toma en cuenta. En general la tecnología sobre la que se despliegan las soluciones no es tomada en cuenta cuando es un punto relevante si lo miramos desde la soberanía digital. ¿Qué tan dueño soy de las capacidades que desarrollo o de las soluciones que presento si no controlo la tecnología?”, preguntó Muracciole. 

Esta situación refleja una confusión entre lo propio y lo ajeno habitual en el mundo digital. Se utilizan servicios o aplicaciones que se consideran propias pero en realidad se tienen licencias de uso, no se compran. La propiedad es de la empresa que las desarrolló.

“Esto implica que hoy está pero mañana puede no estar por diferentes motivos. Quiere decir que podríamos dejar de tener esa funcionalidad. Lo mismo pasa con los sistemas de videoconferencia por los cuales nos comunicamos. Son licencias de uso. Si la tecnología me condiciona y soy un Estado, qué tan dueño soy de las soluciones que propongo o de los servicios que propongo si no controlo esa tecnología, si no es propia y no puedo garantizar que siga funcionando”, advirtió Muracciole.

 

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